Europa Press.- Las rupturas sentimentales de numerosas familias madrileñas se replantean o incluso se retrasan en el tiempo como consecuencia de la crisis económica ya que hay parejas que no pueden afrontar los gastos derivados del divorcio, según ha puesto de manifiesto el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.
Éste es uno de los datos revelados por la Memoria Anual correspondiente al año 2011 de los Centros de Apoyo a la Familia de la Comunidad, presentada este miércoles por el consejero del Gobierno madrileño.
«Las parejas se replantean la ruptura legal postergando el divorcio hasta que la situación económica les permita afrontar los gastos. La ruptura queda demorada por no poder afrontar sus consecuencias económicas», ha explicado.
Del mismo modo, la crisis ha provocado un incremento de las mediaciones en casos en los que familias que tienen hijos y se rompen. «Si el progenitor que no puede soportar los gastos, se exige una mediación para intentar llegar a la mejor solución, siempre mirando por el bien de los hijos», ha indicado Victoria.
El balance ha mostrado asimismo que los conflictos de pareja son la explicación de más del 60 por ciento de los casos atendidos durante el año pasado en los dos centros de apoyo a las familia de la región. A continuación se sitúan los problemas relacionados con adultos (13 por ciento de las situaciones) y con adolescentes (11 por ciento).
Sesiones y perfiles. En cuanto a las sesiones que se organizaron el año pasado con el objetivo de resolver conflictos surgidos en el entorno familiar o para llegar a acuerdos consensuados, casi 1.400 estaban relacionados con la mediación, cerca de 1.300 con la orientación psicológica y más de 660 se refirieron al campo jurídico.
El tipo medio de familia que se atiende en los centros responde casi en un 50 por ciento a un matrimonio con hijos (1,65 de media), seguido de personas separadas (12 por ciento) o parejas de hecho con hijos (11 por ciento).
En lo referente a la procedencia, el 83,66 por ciento de las familias atendidas fueron españolas. En segundo lugar se situaron Argentina, Colombia y Perú, seguidas de Ecuador y Rumanía.
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