Elblogoferoz / Consumer.- Los temas más recurrentes en las quejas de los ciudadanos a través del Defensor del Pueblo durante 2011 han sido el paro, las prestaciones económicas, los problemas con las entidades bancarias y el acceso a la vivienda.
En materia de empleo, el Defensor del Pueblo intervino en asuntos relacionados con la falta de coordinación entre los servicios públicos de empleo estatal y autonómicos para subsanar deficiencias en la información que se facilita a los parados y por la tardanza en el cobro de prestaciones. Además, se pidió al Ministerio de Trabajo información sobre cómo se puede mejorar la situación de los desempleados de larga duración y se inició una investigación de oficio sobre la discriminación salarial entre hombres y mujeres.
Comparten también los primeros puestos los problemas con las entidades bancarias y el acceso a la vivienda
La inspección también actuó para que se aumentaran los medios, tanto humanos como materiales, para aliviar la sobrecarga de trabajo de organismos oficiales como el Servicio Público de Empleo o el Fondo Garantía Salarial (Fogasa). De hecho, una de las últimas intervenciones en este sentido tiene que ver con la tardanza en el reconocimiento de las prestaciones por desempleo, derivadas de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Tras recibir numerosas quejas sobre este asunto se ha conseguido que se arbitre un proceso más ágil.
Se abrió además una investigación ante la Secretaría de Estado de Economía para conocer las previsiones existentes para modificar el reglamento de planes y fondos de pensiones, ya que algunos ciudadanos en paro tenían dificultades para rescatar sus fondos. Ante el incremento de un 23,5% de las familias que tuvieron que declararse en concurso de acreedores en el tercer trimestre, el Defensor del Pueblo propuso crear mecanismos que faciliten un acuerdo entre las partes y un órgano que tome la decisión si no hay pacto. También se abrió una actuación de oficio por el endurecimiento de las cláusulas de préstamos e hipotecas, porque son productos que no ofrecen una información adecuada sobre los riesgos que conllevan aunque sean legales. De hecho, la institución trabaja ahora en un informe sobre el sistema hipotecario español y otro sobre el catastro que se presentarán próximamente.
En materia de vivienda, destacan las sugerencias aceptadas por la Administración sobre solicitudes de vivienda por especial necesidad o sobre revocaciones de desahucio. Además, se han concluido casi 40 investigaciones sobre vivienda de protección pública con solución a problemas planteados por los interesados. Además, continuó la supervisión de los sistemas de ayudas como los contratos de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) o la Renta Básica de Emancipación y se abrió una investigación de oficio con las comunidades sobre la posibilidad de que haya miles de viviendas desocupadas.
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