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El Gobierno canario desestima responsabilidad patrimonial en el accidente de Piedra Los Cochinos donde fallecieron seis personas

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Elblogoferoz. El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de ayer el proyecto de decreto por el que se resuelven las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formulada por las seis víctimas del accidente acaecido el 10 de febrero de 2007 en la galería de Piedra de los Cochinos, en Garachico, y en el que se han desestimado las reclamaciones al entender que no existe relación entre el suceso y el funcionamiento de la Administración autonómica.

El proyecto de Decreto se fundamenta en que «la jurisprudencia insiste en que la determinación de la responsabilidad patrimonial exige una relación de causa efecto, directa, inmediata y exclusiva, sin alteraciones del nexo causal debido a la concurrencia de otros elementos como incidencia de fuerza mayor, hecho de un tercero o conducta propia de un perjudicado como así ha sucedido en los casos planteados».

Responsabilidad de terceros. El suceso en cuestión ocurrió en febrero de 2007. Un grupo de excursionistas se adentró en la galería abandonada de Piedra de Los Cochinos en el barranco de Cuevas Negras en el municipio de Los Silos y seis de ellos perdieron la vida. En este sentido, el Decreto establece que no existe nexo causal de la Administración autonómica en el ejercicio de las competencias disponibles en materia de seguridad minera, «sino que al contrario se destaca la intervención de terceros como la desaparición del cerramiento de la entrada a la galería u otras actuaciones que se recogen en la documentación aportada, de la que se infiere en efecto que la tragedia se debió a un cúmulo de despropósitos, mediación de actos vandálicos y actuaciones adversas que contribuyeron» a un desenlace trágico.

Por otra parte, se recuerda que una vez autorizado el aprovechamiento de las aguas, la galería pasa la supervisión de la Administración Hidráulica que depende del Consejo Insular de Aguas, no obstante, «la funciones de policía de aguas engloba la autorización y supervisión de las obras de alumbramiento y captación, la correcta gestión y la utilización del recurso de conformidad con las determinaciones aplicable en cada caso en adecuación a la planificación hidrológica insular, la protección de la obra hidráulica respectiva, supervisión de no afección a terceros y no afección negativa al acuífera», entre otros. Sin embargo, en cuanto cesan las excavaciones, «la responsabilidad en materia de seguridad pasa al propietario». La Administración Hidráulica, por último, no informo a Minas de ningún tipo de incidencia a este respecto

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