ECONOMÍA E INDUSTRIA Empleo

ECONOMÍA. Las empresas regularizaron a un 2,4% más de trabajadores en la primera fase del Plan de Control del Empleo Sumergido

Elblogoferoz / Consumer.- En la primera fase del Plan de Afloramiento y Control del Empleo Sumergido, que se ha desarrollado de mayo a julio de 2011, las empresas han dado de alta en la Seguridad Social a un total de 5.062.336 trabajadores, lo que supone 118.102 altas más (+2,4%) que en los mismos tres meses del año anterior. El Ministerio de Trabajo e Inmigración destaca además los incrementos constatados en los dos primeros meses de funcionamiento del Plan: 71.300 y 64.601 altas más que los meses homogéneos de 2010, lo que representa aumentos del 4,6% y del 3,9%.

Además, durante los meses de junio y julio, que se corresponden con el momento álgido del período voluntario para dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social, las altas fuera de plazo se elevaron a 32.527, un 10% más que en el mismo periodo del pasado ejercicio.

 

Las altas fuera de plazo se elevaron a 32.527, un 10% más que en el primer trimestre de 2010

 

Trabajo precisa que la aplicación de la primera fase del plan ha coincidido con unos meses en los que el aumento total de afiliación se ha reducido, en torno a la mitad del registrado en el mismo periodo del año anterior, y que «aún en un periodo de ralentización del incremento de la afiliación, se produce un crecimiento significativo de las altas».

El Plan de Afloramiento y Control del Empleo Sumergido, que entró en vigor el 7 de mayo, tiene como objetivo combatir el empleo sumergido, en cuanto práctica empresarial desleal, que distorsiona el mercado y perjudica el sistema de protección social y las garantías de los trabajadores, explica el departamento dirigido por Valeriano Gómez.

En la segunda fase del Plan, que arrancó el 1 de agosto y que constituye el grueso de la iniciativa, se ha puesto en marcha una batería de medidas sancionadoras y correctoras contra el empleo sumergido. Entre otras disposiciones, se prevé la exclusión de los empresarios infractores del acceso a ayudas, bonificaciones otros beneficios derivados de los programas de empleo. También se contempla la prohibición de contratación con el sector público.

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