ACN Press.- El exdiputado de CC y exalcalde del municipio gomero de Valle Gran Rey, actualmente en las filas del PP, Esteban Bethencourt ha sido condenado en firme a cumplir una pena de año y medio de prisión e inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos, según informa la periodista Belén Molina en el digital Canarias Ahora.
De este modo, José Esteban Bethencourt no tendrá que enfrentarse a un jurado popular la próxima semana, como estaba previsto. Este jueves pactó una sentencia de conformidad con el Ministerio Público por la que ha sido condenado en firme a un año y medio de prisión y año y medio de inhabilitación absoluta.
La sentencia firme, dictada por la sección VI de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la misma que tenía a los jurados citados para el lunes próximo e iniciar el juicio, recoge que el acusado admitió conocer que no era regular el cobro de algunas dietas por desplazamientos al Parlamento de Canarias para asistir a los plenos durante 1999, amén de en otros viajes; que el acusado reconoció que sabía que era ilícito ese cobro y que resarció a las arcas públicas devolviendo los 19.616 euros que había cobrado de más.
El jueves firmó la sentencia de conformidad por la que el fiscal pide el indulto para que quede sin efecto la inhabilitación del político del PP
La sentencia fue dictada este jueves ‘in voce’ por la sección sexta. Al no tener antecedentes penales, Esteban Bethencourt no tendrá que ir a prisión. También ha sido condenado a una inhabilitación absoluta para ejercicio de cargo público por otro año y medio, pero el fiscal, José Luis Sánchez Jaúregui, ha informado a favor del indulto.
Caso removido. El de Bethencourt Gámez es un caso removido. Fue condenado en 2009 por la misma causa penal, por un jurado que presidió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano.
La sentencia dictada entonces fueron cuatro años de prisión, aunque el fiscal-jefe del TSJC, Vicente Garrido, pedía cinco años de prisión más diez de inhabilitación absoluta. Esa sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo por un “quebrantamiento de forma”, porque aunque las pruebas periciales indicasen que había habido una malversación de caudales públicos, “no se precisó debidamente cuál sería en su caso su cuantía”.
La acusación partió del PSOE, pero tras la anulación de la sentencia, se retiró de la causa. El fiscal, como única acusación, instó la conformidad, apoyándose en un informe del Tribunal de Cuentas, según el cual, con las dietas cobradas de más y devueltas, las cuentas cuadraban, aunque delito permanecía.
Añade un comentario