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OTRAS COORDENADAS. Las tramitaciones urbanísticas en Canarias. Por Huego Luengo

No parece que en estos momentos se escape a nadie la entidad, profundidad y extensión temporal que reviste la “crisis”, hoy de carácter “global”  y especialmente en Canarias de singular extensión y cuyos aspectos más relevantes estarían ligados al elevado nivel de paro, el mayor del país, a la propia crisis de la estructura económica extendida a todos los sectores y  para el caso que nos ocupa, la propia crisis de la Planificación y del Urbanismo en Canarias.

Al momento, la situación del cuerpo legislativo autonómico en torno al territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, deriva del nuevo marco creado a partir de finales del los 90 y más concretamente de la nueva “Ley del Suelo de Canarias” del 2000. A lo largo de este ciclo económico se entendió desde el ámbito urbanístico público, que había que parar el proceso con mecanismos urbanísticos, caso de la Ley de Directrices de 2003, y la propia Moratoria Turística, a ella ligada. Cuando realmente el fenómeno expansivo venía inducido por procesos financieros, ligados al crédito barato para todos y con escasas garantías. Reaccionando a esta situación, Canarias en el campo urbanístico colapsó el sistema de Tramitación, generando una legislación a la defensiva, de complejidad desmesurada, con una dificultad de gestión no abordable, ni necesaria, cuando realmente el desarrollo producido no respondía a ello. Incluso se pensaba en esas fechas que mecanismos como la RIC, derivado de la legislación económico fiscal de Canarias, se había también convertido en un instrumento perverso que aceleraba el proceso. Hoy vemos, luego de su desafortunada reforma, que el tema no iba por ahí.

Hoy se hace urgente e implacable revertir el proceso, si efectivamente queremos que Canarias aborde sus nuevas circunstancias, como señalaba el reciente “Informe Solbes” en relación a las “Regiones Ultraperiféricas Europeas en el Mercado Único” donde Canarias, debe convertirse en “Frontera Activa”, encajándose en la economía global.

Desde el campo del Urbanismo abordar esta posición exige, en nuestra opinión, asumir tres bases de partida:

1. Reordenar la Asignación de Competencias Urbanísticas bajo el principio de Subsidiaridad.

–       La eficacia y funcionalidad del sistema de gestión urbanística está comprometida por una incorrecta asignación de competencias entre los distintos escalones administrativos (Ayuntamientos, Cabildos, Gobierno Autónomo).

–       Deberá ejercerse la ordenación de los mismos, bajo la estricta aplicación del “principio de subsidiaridad”, asignando competencias plenas y exclusivas al escalón más cercano. Se hace urgente y necesario para aminorar la carga de discrecionalidad, reiteración de procedimientos e inseguridad jurídica añadida. No debe escapársenos los claros ahorros directos y los inducidos sobre el sistema privado.

2.    Integración de los Contenidos Ambientales en los Procedimientos Urbanísticos de Tramitación.

 –       La mayor distorsión actualmente en la Tramitación de los Procedimientos Urbanísticos en Canarias, viene derivada de haber segmentado los procedimientos urbanísticos de las tramitaciones ambientales, incrementando exponencialmente los efectos antes señalados de discrecionalidad, reiteración e inseguridad jurídica. En este caso se suma además la distorsión arrastrada sobre las competencias interadministrativas (Ayuntamientos, Cabildos y Gobierno Autónomo), como consecuencia de las duplicidades ya referidas.

–       La propia legislación de última hornada (Ley de Medidas Urgentes), también ha entrado a distorsionar el marco competencial referido.

 3.    Aplicación efectiva de la Normativa de Liberalización de los Servicios.

–       La acomodación europea a la globalización de los mercados ha generado en desarrollo de la “Estrategia de Lisboa”, entre otros la “Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del Consejo de 12 de diciembre de 2006” y como consecuencia de ello en España la aplicación de la “Ley Básica 17/2009 de 23 de noviembre sobre Libre Acceso a las Actividades de Servicio y su ejercicio”, desarrollado en la “Ley 25/2009 de 22 de diciembre de Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de Libre Acceso a las actividades de Servicio y su ejercicio”.

 –       Se hace oportuno entrar a desarrollar los procesos normativos y/o legislativos autonómicos, en este caso ligados al Planeamiento  y Tramitación Urbanística, con un claro espíritu liberalizador, que simplifique,  dé unidad y seguridad jurídica, que sea flexible, eficaz y eficiente.

–       El gran avance de la Normativa de liberalización de los servicios, se centra en el hecho de derivar la responsabilidad de las tramitaciones a los técnicos y/o promotores de las actuaciones, centrando la actividad de la Administración en su papel de arbitraje, tutela y conciliación.

Hoy esta encrucijada se sitúa por encima del juego de los partidos y claramente a favor de los sectores más dinámicos y activos de una sociedad como la canaria, situada en la mayor “crisis” y con ello, en la “oportunidad de cambio”, de los últimos sesenta años.

Hugo Luengo. Urbanista y Arquitecto

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  • ¿PLANIFICACION URBANISTICA EN CANARIAS? DON DINERO LLENA MUCHOS BOLSILLOS, (presuntamente) Y PROVOCA ALGO DE AMNESIA EN EL AMBITO POLITICO, CUYOS MIEMBROS SON ( la mayoría ) INDIVIDUOS SIN FORMACION ALGUNA, A LA VISTA ESTA.