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CONSEJO. El Gobierno canario aprueba medidas de ahorro que «no afectarán a los servicios básicos»

ACN Press.- El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, ha aprobado en su reunión de hoy un paquete de nuevas medidas para reducir los gastos de funcionamiento de la comunidad autónoma y «poder seguir cumpliendo con el objetivo de estabilidad presupuestaria»,explica el Ejecutivo en un comunicado. Estas medidas suponen «un aumento de ingresos de 61 millones de euros y un ahorro de costes de 16,3 millones, cifra que se suma a los 2.257,9 millones de euros ahorrados hasta el momento como resultado de anteriores ajustes».

Con esta decisión, el Gobierno «continúa en la senda de la racionalización de las cuentas públicas para evitar recortes dramáticos como los que se están produciendo en otras comunidades autónomas garantizando, además, los servicios esenciales y el empleo público sin subir los impuestos», explicó Marrero.

 

El portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, que van encaminadas a limitar el uso del coche oficial o fomentar el de la viodeconferencia

 

Ante la persistencia de la debilidad del consumo y su consecuente impacto en la actividad de las empresas y, a su vez, en el desempleo, se ha optado por medidas que no perjudiquen a los empresarios y autónomos de Canarias; es decir, estas decisiones «no significarán reducción alguna de las compras de bienes y servicios que, de forma necesaria, la Administración canaria mantiene con sus proveedores», destacó.

Las medidas reducirán los costes de desplazamiento entre islas de los altos cargos del Ejecutivo; afectarán al control de los horarios de los empleados públicos; mejorarán la gestión de la concesión y reintegro de subvenciones; agilizarán las certificaciones de los fondos europeos; y evitarán las obras menores en locales propios y alquilados limitando también la adquisición de mobiliario que no sea estrictamente necesario.

En cuanto al uso de vehículos oficiales y a los desplazamientos por parte de los empleados públicos –incluidos los directores generales- se establecerá un servicio de traslado con vehículos compartidos desde los aeropuertos a los principales centros de trabajo de la Comunidad Autónoma, principalmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife. El servicio se realizará para los primeros vuelos de la mañana y, con el fin de unificar los traslados, se concentrarán los horarios de los vuelos de salida entre las 7.30 y las 9.00 horas.

Para completar el ahorro de costes en viajes, se utilizará «aún más» la videoconferencia como medio de comunicación con el objeto de reducir al mínimo el uso del trasporte aéreo.

Otra medida aprobada establece que la realización de cualquier tipo de obras en los edificios administrativos, así como la adquisición de mobiliario, requerirá informe previo vinculante de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, el cual deberá ser favorable. Esta medida no será de aplicación a las obras que se realicen en los centros educativos ni en los centros sanitarios.

Estas medidas relacionadas con las sedes de los departamentos se suman a las que ya se tomaron hace unos meses para reducir el gasto de los edificios en más de seis millones de euros, con acciones como la reducción en el número y cuantía de los alquileres.

Otra de las recetas adoptadas afecta a los empleados públicos. Todos los departamentos deberán velar por el cumplimiento de la jornada y el horario de trabajo de todo el personal al servicio de la administración pública, aplicando las deducciones que resulten procedentes en caso de incumplimiento.

En otro orden de cosas, y para mejorar los plazos de ciertos ingresos, cada departamento deberá remitir a la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad antes del 15 de octubre la documentación de los proyectos cofinanciados con fondos europeos con el fin de certificarlos cuanto antes y agilizar así el cobro del dinero comunitario.

Además, en este ámbito de mejora de la gestión, se toman medidas relacionadas con las subvenciones concedidas por la Comunidad Autónoma de Canarias. Así, se establece que las Consejerías deberán priorizar y agilizar los expedientes y la ejecución de resoluciones que supongan la devolución de subvenciones a las arcas públicas por parte de aquellos beneficiarios a los que se les haya determinado ese reintegro.

Sobre esa misma materia, otra de las medidas consiste en limitar la concesión de prórrogas para realizar o justificar las subvenciones concedidas, salvo en aquellos casos plenamente acreditados.

Por último, el Gobierno de Canarias establecerá un canal específico de comunicación para que los empleados públicos puedan realizar sugerencias y plantear iniciativas que supongan nuevas medidas de ahorro y mejoren las ya adoptadas.

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