Mal empezamos o, mejor dicho, peor seguimos cuando volvemos a cometer el viejo pecado de configurar listas electorales con personas que ya ocupan un cargo (alcalde, presidente de diputación o cabildo, consejero y concejal). De nuevo vemos como la política se basa para algunos en el innoble arte de acaparar puestos como si en las formaciones no hubiese realmente gente preparada o porque, sencillamente, se quiere tener todo muy controlado y, por tanto, todos los puestos están siempre en manos de las mismas personas, aunque eso conlleve tener que convivir en una eterna disyuntiva entre atender a los asuntos de calado local y centrarse en las proposiciones que a nivel regional o nacional propone la formación a la que perteneces.
Lamentablemente, nuestro sistema electoral permite disfunciones que no son normales. Por ley debería de prohibirse automáticamente que un concejal pueda, al mismo tiempo, ser diputado en el Parlamento o en las Cortes o que un presidente de Cabildo pueda ejercer a la par las veces de senador, y mucho más si éste se ve implicado en una escandalera de carácter sexual con agresión de postre a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No es de recibo, aunque sólo cobre de una administración, que se acaparen puestos que interfieren en la labor primigenia para la que un político concreto fue elegido. No es lógico y además tampoco resulta efectivo.
Por ejemplo, habría que seguir el ejemplo del alcalde de Los Realejos, el popular Manuel Domínguez, quien rehusó a seguir en el Congreso de los Diputados cuando los electores de su municipio decidieron otorgarle la plena confianza para que tomase el bastón de mando de esa coqueta localidad norteña de la isla de Tenerife. Pero, lamentablemente, abundan los casos al revés, incluso en el propio PP tinerfeño. Ahí tenemos a Cristina Tavío ocupando escaño en el Parlamento y puesto de concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o a Antonio Alarcó, consejero en el Cabildo tinerfeño y senador en Madrid. O, qué decir de Coalición Canaria, donde se han dado los casos de tener a Paulino Rivero, alcalde de El Sauzal y diputado nacional, igual que la señora Oramas, ejerciendo el gobierno de La Laguna y ocupando escaño en la Carrera de San Jerónimo o al gomero de la sauna que se cogía todas las semanas unos días de asueto para venir a la capital de España y dejar el Cabildo en manos de su segundo.
Insisto, tiene que haber una ley que acabe con este conchabeo y chalaneo de las voluntades populares y eso, para empezar, sólo se conseguirá con las llamadas listas abiertas. Aquí tiene que acabarse con esa dictadura de las formaciones que nos cuelan a auténticos cáncamos, a verdaderos incapaces de la políticas, en los primeros puestos de las listas. Nada de eso, no puede ser que llegue a ser concejal de Hacienda un inepto sin apenas formación y devorador de croquetas o que una ‘experta’ en Flamenco sea ministra de Igualdad. Nada, tenemos que empezar a ser los ciudadanos los que elijamos a todos los representantes de una corporación y, sobre todo, que nadie haga doblete. Igual que un hombre, un voto; una persona, un cargo.
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