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EL UNGÜENTO. Suprimir gastos superfluos. Por Guillermo Núñez

Lo que tradicionalmente se conoce como “derecha política” en nuestro país ha sido casi siempre reacia a prestar ayuda económica a los países más pobres, entre otras razones, porque la idea de dar algo a cambio de nada no parece que sea una máxima que esté acorde con aquella otra de la obtención de un beneficio o una pérdida como expectativa inherente a todo negocio que se precie de tal. Este tipo de actitudes no puede decirse que sean predicables de los ciudadanos en particular (se encuadren estos en la “derecha” o en la “izquierda”), pues en este ámbito, la solidaridad poco tiene que ver con las etiquetas políticas o ideológicas y mucho con la actitud y trayectoria personal de cada uno ante los problemas de los demás. Sin embargo, cuando es desde el Gobierno de donde parte la iniciativa para prestar ayuda económica al desarrollo de otros países, la cosa cambia, pues es entonces cuando se agudiza la polémica tribal y comienza a cuestionarse la necesidad o no de prestar esa ayuda, máxime, cuando en el seno del país emisor de la ayuda la situación económica es difícil o de plena y destapada crisis, que será en todo caso siempre incomparable con la miseria material en la que malviven muchos miles de personas beneficiarias de la referida ayuda económica.

El Gobierno de Canarias, que en los años de bonanza económica llegó a destinar un importe de tres millones de euros para ayuda al desarrollo de determinados países africanos a través de subvenciones a favor de ONG que realizan su labor en dichos países, ha optado, ante las dificultades provocadas por la crisis económica, por eliminar este tipo de ayudas. Sin duda, con esta decisión es evidente que van a obtener el beneplácito de aquellos que estaban disconformes con el hecho de que tales recursos se destinaran a tal finalidad, pero también, van a obtener la reprobación de otros que consideran lo contrario, pero sobre todo, que califican la decisión adoptada como  expresión bochornosa y cínica de unos políticos que no merecen ser en caso alguno nuestros representantes.

Es de cínicos afirmar que la suspensión de la ayuda responde a la situación de crisis que actualmente sufrimos los canarios, pues si de verdad esa fuera la razón, están tardando en reconocer que sólo en gastos de telefonía móvil nuestros políticos autonómicos (sin contar los que están en los Cabildos, Ayuntamientos, empresas públicas, fundaciones públicas…) se gastan al año más de un millón y medio de euros; que en sueldos, dietas y gastos de representación, policía canaria, radio y televisión autonómica, viajes innecesarios entre islas capitalinas, etc, etc, se gastan cantidades astronómicas cada año. Si de verdad fueran gente seria y coherente, deberían de empezar por suprimir estos y otros gastos superfluos antes de atreverse  a afirmar que los tres millones de euros destinados a ayuda al desarrollo en África  son un gasto innecesario que no nos podemos permitir. Pero como no lo son, lo más oportuno sería suprimirlos a ellos por ser auténticamente superfluos.

Guillermo Núñez

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