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PARLAMENTO. Spínola afirma que “no hay tiempo que perder” para reformar la Administración pública

ACN Press.- El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, que compareció en el Parlamento para explicar el programa de su departamento durante la presente legislatura, afirmó que “no hay tiempo que perder” para comenzar a adoptar medidas por parte los “responsables de la Administración pública” para “racionalizarla”.

“El modelo de gestión pública está seriamente cuestionado y es el momento de adoptar medidas para la reforma de las administraciones públicas”, aseguró, pues a los ciudadanos “no les importa” quien aplica las competencias, sino que éstas se realicen con “eficacia, racionalidad, austeridad y eficiencia”.

 

El consejero de Presidencia ofrece “diálogo” a los grupos parlamentarios para abordar el nuevo Estatuto

 

Por ello, Spínola ofreció “diálogo” con la Fecai y la Fecam “y todas las fuerzas políticas, estén en el Gobierno o estén en la oposición, para hacer esta importante tarea”.

Un diálogo que extendió al Parlamento con el fin de trabajar “codo con codo” con la Cámara regional para afrontar un “Estatuto de Autonomía de última generación”, y las leyes de Régimen Jurídico de la Administración Pública, la de Función Pública, la de Transparencia y la del Gobierno.

El consejero afirmó que el objetivo del Gobierno es dotar a la Administración pública de “un nuevo marco normativo que mejore la distribución competencial”, así como incrementar la “capacidad de adaptación de las plantillas y recursos humanos” a la actual coyuntura, fortalecer la participación ciudadana, “reducir los trámites administrativos y simplificar los procedimientos” y, por último “dotar a Canarias de un sistema judicial adaptado al siglo XXI”.

Vuelco en la gestión judicial. En este sentido, aseguró que la implantación de la nueva oficina judicial es “un vuelco en la gestión judicial, ya que se pasa de un trabajo en compartimentos estancos en cada juzgado a un planteamientos horizontal en el que el equipo cobre el protagonismo”.

Con todo, admitió que, “el Gobierno no puede afrontar la ambiciosa obra, de 120 millones de euros, para el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife”, por lo que el gabinete está buscando “alternativas”.

Y en cuanto a las políticas de igualdad, afirmó que la adscripción del ICI a la Consejería “es algo más que un gesto”, pues pasa a ser una prioridad horizontal, ya que uno de los objetivos será “el desarrollo reglamentario de la Ley de Igualdad”.

Emilio Moreno, portavoz del Grupo Popular, hizo varias matizaciones, sobre todo, a las “improvisaciones” en la dotación de la Justicia, pues “a día de hoy, la Consejería es incapaz de solucionar la falta de impresoras en los juzgados de Puerto del Rosario”.

El portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, recordó que es “necesario dar un paso adelante en la reforma del sistema electoral”, pues el vigente “quiebra el modelo” de calidad democrática de las Islas, por lo que consideró “esencial” abordarlo para “hacerle el mayor favor a la democracia canaria”.

Blindar el REF. “Nuestro REF está al pairo, sin protección”, afirmó Rodríguez, por lo que pidió a Spínola que lo “blinde” en la futura reforma del Estatuto de Autonomía, si bien lamentó que el futuro, con “un previsible cambio de Gobierno en España” del PP, dificulte la modificación de la Carta Magna canaria, ya que los conservadores no son proclives a impulsarla.

Rodríguez negó que los problemas económicos actuales sean achacables a la estructura del sector público canario, aunque si consideró necesario “simplificar” los niveles de la vigente Administración.

Por su parte, el socialista Manuel Fajardo ofreció el apoyo del Grupo Socialista a las modificaciones anunciadas por el consejero durante su comparecencia porque es conveniente acercar la Administración a los ciudadanos así como agilizar y modernizar el funcionamiento de la Justicia.

Un apoyo que también tuvo Spínola por parte de la portavoz del Grupo Nacionalista (CC-PNC-CN), Marisa Zamora, a la hora de reformar las administraciones públicas “para racionalizar el gasto y que sea más moderna y más cercana al ciudadano”.

Lo que sí pidió Zamora es que la reforma del Estatuto “no sea exprés”, como ha sucedido con la Constitución, y se cuente con los grupos.